Por Denise Dresser
Como lo demostró la elección en Estados Unidos, ese país se
encamina hacia la legalización. México no debe seguir peleando una guerra
contra una droga que se legaliza cada vez más. Como lo ha escrito Sergio
Aguayo, la legalización estadounidense es “una bofetada para Felipe Calderón y
una lección para los mexicanos”. 32 por ciento de la población en Estados
Unidos ya puede ir a un dispensario a recibir mariguana por razones médicas. 11
millones 753 mil habitantes de Colorado y Washington aprobaron el uso
recreativo de la mariguana. En Massachussets se aprobó normar la droga para
fines médicos.
Alrededor de 50 por ciento de la población estadounidense
está a favor de alguna forma de legalización de la mariguana. Como lo argumenta
un estudio del Instituto Mexicano Para la Competitividad, la posible
legalización de la droga a nivel estatal en Estados Unidos podría provocar una
caída importante en los ingresos de los narcotraficantes mexicanos. Entre los
probables beneficios que la legalización podría traer sería tratar a los
adictos como enfermos y no como criminales, aminorar los ingresos de los
cárteles, disminuir la violencia y el número de muertos por la lucha contra el
narcotráfico.
Un informe elaborado por Carlos Zamudio Angles y Jorge
Hernández Tinajero evidencia el casi nulo resultado de la policía del Distrito
Federal para identificar y detener a las personas que encabezan las bandas de
narcomenudeo de la mariguana. La labor de la Policía se ha enfocado a detener a
consumidores y vendedores en flagrancia, y no como producto de una labor de
inteligencia. Los vendedores detenidos son fácilmente reemplazables por las
bandas del narcotráfico. Los detenidos por consumo tienen que ser liberados
porque la ley no castiga este acto y una encuesta practicada a más de 300
consumidores de mariguana reveló que 2 de cada 3 habían sido extorsionados por
la policía. He allí las limitaciones de una política centrada en combatir la
oferta a través de la mera clausura de puntos de venta o la captura de quienes
la consumen.
Una alternativa propuesta son los “clubes de cannabis” para
tratar de erradicar las redes de narcomenudeo. Estas asociaciones brindarían
una serie de ventajas reales a los usuarios. Generarían actividad económica
para el Estado vía impuestos; eliminarían la necesidad de acudir a los
traficantes ilegales; garantizarían estándares de calidad que no se obtienen en
el mercado negro; ofrecerían servicios informativos de reducción de riesgos y
daños para la salud. La legalización también ayudaría al cultivador de la
planta que vería su cultivo como una legítima actividad agraria y económica. El
productor tendría contacto directo con el usuario y eliminaría entre ellos al
intermediario, quien actualmente desempeña un papel ilegal. A pesar de la
guerra contra el narcotráfico, el consumo ilegal de drogas no se ha frenado,
sino que ha aumentado en los últimos años. Las drogas están más al alcance de
la población que hace seis años. En el Distrito Federal, en 2006 había 5 mil
puntos de narcomenudeo y ahora hay 13 mil.
Ante la realidad de lo que está ocurriendo, hasta el propio
Felipe Calderón se unió recientemente a los mandatarios de Honduras, Belice,
Costa Rica y Guatemala, para pedirle a la OEA un análisis completo de las
implicaciones sociales, políticas y de salud que traería para sus países la
legalización del consumo, la producción y la distribución de mariguana.
Luis Videgaray, coordinador para la Transición Gubernamental
del equipo de Enrique Peña Nieto – ante la legalización creciente en Estados
Unidos — ha dicho lo siguiente: “Estamos atentos a estas modificaciones que
cambian un poco las reglas del juego en relación con Estados Unidos, que creo
que nos tienen que llevar a revisar las políticas conjuntas, tanto de combate
al tráfico de drogas y, en general de seguridad”.
La oposición a la legalización en México – 70% de los
encuestados — está enraizada en la falta de información que tiene la sociedad
sobre el tema. Por ello la necesidad de discutir y difundir las ventajas y
desventajas que la despenalización traería consigo. En cada reunión binacional
de alto nivel en las últimas décadas se habla de que habrá un enfoque
diferente, un método distinto de encarar la lucha contra las drogas y la
violencia que engendra, pero no es así. La estrategia estadounidense – que
México compra y aplica – sigue siendo la misma.
Año tras año, las posturas siguen siendo iguales. El
espaldarazo estadounidense al presidente mexicano en turno, al que se congratula
por su “valentía” y “compromiso”.
La lista acostumbrada de acciones conjuntas, esfuerzos logrados para combatir
la oferta de drogas en México y limitar el consumo en Estados Unidos.
La lista ampliada de programas piloto que se echarán a
andar, el flujo de armas que se controlará, los estudios de drogadicción que se
pondran en marcha. La historia se repite, gobierno tras gobierno. Hay un
involucramiento estadounidense cada vez mayor en México – en términos de
presencia, asesoría, equipo, entrenamiento y recursos – pero no hemos visto un
viraje sustancial en la visión simplista y contraproducente que ha predominado
desde hace décadas.
Ha llegado el momento de cuestionar la visión desde la cual
el combate al narcotráfico parte de premisas supuestamente inamovibles: la
“guerra” contra las drogas puede ser ganada; Estados Unidos puede reducir la
demanda de drogas y lo intentará; la política antidrogas de Estados Unidos debe
ser la política antidrogas del resto de América Latina; la legalización podría
ser buena pero jamás ocurrirá.
Ha llegado la hora de cuestionar las ideas escritas en
piedra, repetidas hasta el cansancio por funcionarios a ambos lados de la
frontera, diseminadas por policy-makers estadounidenses y memorizadas por
políticos mexicanos.
Cada una de las premisas convencionales de la “guerra”
contra el naroctráfico puede y debe ser confrontada, Cada uno de los argumentos
esgrimidos debe ser revisado. Ante la legalización creciente en Estados Unidos,
la guerra contra las drogas – librada como se hace hoy – es cada vez más futil.
Cada vez más dolorosa.
México necesita demostrar la capacidad para determinar su
propio destino y tomar decisiones que fortalezcan su seguridad nacional,
promuevan su estabilidad política, construyan su cohesion social. Caminar en
esa dirección entrañaría contemplar la despenalización limitada como un
instrumento – entre otros – capaz de desmantelar un mercado demasiado poderoso
para ser vencido por cualquier gobierno.
Es tiempo de que México comience un debate público, serio y
amplio sobre la legalización de la mariguana. Ya basta de dedicar cada vez más
recursos, más dinero, más armas, y más tropas a una guerra que nunca se podrá
ganar.
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